Somos ciudadanos ¡digamos no!
8 Septiembre 2011
José
Antonio Martín Pallín –
Comité de Apoyo de ATTAC.
Una
Constitución democrática se asienta sobre un pilar básico: la soberanía reside
en el pueblo y este se conforma por ciudadanos libres e iguales ante la ley.
Lamentablemente, tenemos que acudir a estos elementales principios después de
32 años de vigencia de un texto salido de unos tiempos irrepetibles y, por
ello, necesariamente mejorables para adaptarse a nuevas realidades.
Somos
muchos los que, desde diferentes perspectivas ideológicas, pensamos que se debe
acometer una reforma constitucional. Son varios los cambios necesarios exigidos
por una nueva base social en continua y acelerada evolución. Ahora bien, nadie
puede dudar de la necesidad de realizarla desde la más pura adaptación a las
previsiones y principios inalterables de las reglas del juego democrático. Es
decir, respetando escrupulosamente el camino que debe seguir una decisión como
la que se nos propone que va más allá de un simple ajuste presupuestario. La Constitución de 1978
se aprobó por referéndum y cualquier modificación sustancial que afecte a
derechos fundamentales debe seguir el mismo trámite.
Hay
que ser un irresponsable político para mantener que la fijación por norma
constitucional de un déficit presupuestario no afecta a derechos tan
fundamentales como la salud, la educación y, en definitiva, el bienestar de los
ciudadanos como meta irrenunciable en una sociedad soberana, equilibrada y
libre de presiones externas intolerables. Mucho más inadmisible, cuando, según
los dos líderes, que se han puesto de acuerdo en medio de un perenne estado de
discordia, la reforma es necesaria para ganarse la confianza de los mercados.
Que yo sepa, los mercados no tienen ni alma ni cuerpo, pero nos hemos dado
cuenta de que los manejan unos delincuentes que, de momento, están siendo
perseguidos infructuosamente en tribunales penales de diferentes países.
Según
los expertos, la crisis viene de atrás y va para largo. En pleno verano y con
las Cortes Generales de vacaciones, los líderes de los dos partidos políticos
con mayor representación parlamentaria han decidido, de igual modo que
ordenaron quién tenía que ser el presidente del Tribunal Supremo, que la receta
milagrosa para crear empleo y generar confianza en los especuladores es
importar la fórmula alemana que estableció en su Constitución un límite al
déficit público. Desgraciadamente, no podemos trasplantar a nuestra cruda
realidad la estructura económica de una sociedad líder en patentes y en tejido
industrial y con una potencia exportadora inalcanzable para nuestra crónica
deficiencia creativa.
Si me
garantizan que copiando el texto alemán España va a convertirse en una potencia
industrial no dudaría en dar mi aprobación. No creo que nadie tenga la osadía
de sostener que el único camino para incorporamos a la investigación e
innovación pasa por ponerle un corsé a los presupuestos del Estado.
La
modificación se ha propuesto súbitamente, es decir, de forma alevosa en
lenguaje jurídico y además va seguida de una catarata de amenazas oscuras,
mezcladas con vaciedades, para atemorizar al ciudadano que contempla inerme
cómo la crisis tiene una nueva cara cada día.
Ha
llegado el momento de ejercitar nuestra dignidad y decir no. No al
procedimiento, grosero en las formas y absolutamente inane en su contenido. Si
no fuera por su intrínseca perversidad, pensaríamos que nuestros gobernantes se
han abrazado a la tierna ingenuidad de nuestros constituyentes de 1812 que
recordaron a sus conciudadanos que debían ser justos y benéficos.
Si se
consuma lo que parece irremediable, me atrevería a suplicar a los autócratas
que incluyan un pasaje en el que se recuerde a los gestores públicos que no
deben ser derrochadores, populistas, irresponsables, vulgares y aprovechados.
Quizá con estas admoniciones se conseguiría el ansiado, por algunos, déficit
cero. Es decir, nada de nada, calor para unos pocos y frío para la inmensa
mayoría.
¿Podrían
explicarnos los sabios de turno cuál sería el papel del Tribunal Constitucional
en el marco institucional del Estado? Si sigue siendo el supremo intérprete del
texto constitucional tendrá en sus manos el dilema de interferirse de forma
inevitable, incurriendo en un peligroso activismo judicial, en el gobierno
económico de los ciudadanos.
Los
que contemplamos indignados el espectáculo de la elección de sus magistrados
empezamos a preocuparnos seriamente por el panorama que se nos avecina. No solo
habrá bloqueos, propuestas disparatadas o puro filibusterismo, puede haber
víctimas. La lucha por colocar a los adeptos será feroz. La muerte del Tribunal
Constitucional será irreversible. Es posible que sea esta una de las metas que
se persigue.
No
nos pueden despojar impunemente de nuestra dignidad. La perderíamos si no nos
opusiéramos, serena y firmemente, a esta iniciativa impuesta por unos
gobernantes que han abjurado de sus responsabilidades con los ciudadanos que
los han elegido.
Querido
Raimon, nunca me imaginé que pasados los tiempos de la oposición a la dictadura
me iba a salir del alma como un grito rebelde tu maravillosa e inolvidable
consigna ¡Diguem No! ¿No habrá 35 diputados o 26 senadores
capaces de velar por la dignidad institucional?
A
nosotros, los ciudadanos, nos ha llegado el momento de movilizarnos para
restituir a este país su dignidad perdida en el templo de los mercaderes. El
referéndum no es de izquierdas ni de derechas, es una forma de expresarnos con
libertad y proclamar nuestra dignidad.
Artículo
publicado en El País
